• Abg. Agustín Ardizzone

Básico: Fe Pública

La fe púbica no es simple de definir y la ley no brinda una definición precisa sobre qué es, por lo tanto esta es una tarea que ha sido asumida por los juristas.

Dentro de las definiciones propuestas se encuentra la de Mario Zinny, quien define a la fe pública como la creencia legalmente impuesta. Esto es que ante determinados actos o circunstancias existe una verdad oficial cuya creencia nos es impuesta por el ordenamiento jurídico. Hay cosas que tenemos la obligación de darlas por ciertas, independientemente de su verdad objetiva. Naturalmente, para aquellos supuestos donde la fe pública se vuelque a circunstancias que no sean ciertas, la ley establece mecanismos especiales para que la falsedad real prime sobre esa verdad impuesta.


La jurisprudencia en la ha definido como “una potestad del Estado que obliga a tener por ciertos y auténticos determinados hechos (…) La fe pública es pues una expresión de la soberanía del Estado delegada en determinados funcionarios, cuyo dicho es tenido por cierto por su sola afirmación, mientras no , no sea argüido de falso y declarado tal en sentido firme.” (CNCiv en pleno, “Cock Guillermo”, 5/10/48, JA 1949-I-443)


A la fe pública se la puede estudiar desde dos aspectos, uno subjetivo que es la potestad de los distintos agentes fedatarios para dar fe, siempre actuando dentro de las facultades que les son inherentes; y otro aspecto que es el objetivo y refiere a la calidad de los distintos documentos o instrumentos cuyos contenidos pueden estar dotados de fe pública.

Aspecto subjetivo


Para introducir el aspecto subjetivo quiero primero hacer un breve paralelismo entre la fe pública y el principio de la buena fe, para luego resaltar la diferencia fundamental entre ambos.

Por el primero sabemos que si se dan determinadas circunstancias hay hechos que se tienen que dar por ciertos porque la ley lo impone así. Por ejemplo en una escritura pública si el escribano dice que tal persona firmó en su presencia, esto se debe dar por verdadero.


El segundo es un principio general del derecho en virtud del cual se interpreta que todas las personas, a priori, actúan de buena fe y por ende cuando efectúan declaraciones, estas serían ciertas.


Como vemos, la ley presupone que en ambos supuestos nos encontramos con verdades: que tanto el que firmó ante el escribano efectivamente lo hizo y que quien declara algo no miente. Pero solo hasta aquí llegan las similitudes, porque existe una gran diferencia entre ambos, y es la fuerza de esa presunción junto a los métodos que la ley prevé para echarla por tierra; ya que el primero requiere un proceso especial en donde un juez debe dictar sentencia y en el segundo la presunción puede caer por simple prueba contrario.


¿Por qué la fe pública está ligada al Estado?

El principio de buena fe citado suena lógico aplicarlo a todos aquellos instrumentos esencialmente privados. Ahora bien, para la actividad del Estado este resulta insuficiente.


Hagamos un ejercicio de imaginación: supongamos una sociedad en donde todas las actuaciones del Estado puedan ser puestas en duda por aquellos particulares que se sientan perjudicados. Pensemos un segundo en las sentencias de los jueces, donde cómodamente los vencidos podrían atacarlas alegando su falsedad, aún siendo sentencias de procesos en los cuales se hayan respetado todas las garantías procesales.

La conclusión del ejercicio se presenta sola, el principio de la buena fe no es suficiente para los instrumentos emanados del Estado, porque no les garantiza a estos la autoridad suficiente para que puedan cumplir sus efectos naturales de manera eficiente y expeditiva.

Como solución a esta problemática, existe la fe pública la cual corresponde al Estado en su condición de ente superior, soberano y creador del ordenamiento jurídico. De esta manera, es él quien a través de la ley determina el funcionamiento, efectos, alcances de la misma, como así también regula el accionar de aquellos agentes a los que faculta para crear documentos provistos de fe pública. El escribano, por ejemplo, es uno de estos agentes tener a su cargo una función pública.

La potestad de los agentes para crear documentos dotados de fe pública no es amplia sino que es sumamente restringida, porque estos desempeñan las tareas propias a sus cargos ajustándose a los ritos y solemnidades que el ordenamiento les impone; y por lo tanto los documentos e instrumentos que en ejercicio de esa función celebren o autoricen también deben ajustarse a tales regulaciones. Toda esta serie de formalidades y requisitos impuestos al agente no tiene otro motivo que garantizar el correcto obrar de ellos y por extensión el buen funcionamiento del Estado.

Prosiguiendo con esta idea, ya que a través de su ordenamiento jurídico el Estado toma recaudos suficientes para que el actuar de sus agentes se ajuste a la legalidad; es lógico presuponer la rectitud de los obrados de estos; y esta es la piedra fundamental de la fe pública. Al regular el accionar de sus agentes, el Estado está presente en la génesis de los documentos por ellos creados, y por lo tanto garantiza la rectitud de los mismos simultáneamente imponiendo a los particulares la creencia en el contenido de estos.

Aclaro que este principio no es total, porque no todo el contenido del instrumento se encuentra embebido por la fe pública, y este es un tema que paso a desarrollar en el estudio del aspecto objetivo de la fe pública.


Aspecto objetivo:


Adentrarnos en el aspecto objetivo, es desarrollar el estudio del documento dotado de fe pública. Como arriba mencioné, la fe pública es un instituto que va de la mano de los instrumentos públicos, pero el efecto de la fe pública no se vuelca a todo el contenido del citado instrumento, sino que solo a determinadas partes del mismo. De esta manera, la doctrina ha efectuado la siguiente distinción:

  • Hechos auténticos: Son aquellos contenidos del instrumento público donde el oficial público relata circunstancias o hechos que practicó él mismo o que percibió con sus sentidos. Ejemplo: que determinada persona firma ante él. Estos hechos tienen la completa protección de la fe pública.

  • Hechos autenticados: Es una categoría residual comprendida por aquellos contenidos del instrumento público que no pueden ser considerados hechos auténticos en los términos arriba citados. Ejemplo: En las declaraciones que las partes efectúen frente un oficial público, la veracidad de lo declarado no está amparada por la fe pública. Lo único dotado de fe pública es el hecho de que efectivamente alguien hizo una declaración frente a un oficial público. Los hechos autenticados no gozan de fe pública y pueden ser atacados por simple prueba en contrario indistintamente de la intervención del oficial público.

Es pertinente traer a mención el artículo 294 del Código Civil y Comercial de la Nación porque toma la distinción arriba citada estableciendo un inciso para cada una:

"Art. 294: Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:

a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;

b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario."


Para un mejor entendimiento de la presente distinción entre hechos auténticos y hechos autenticados doy el siguiente ejemplo:


En una operación de compraventa no es lo mismo que el precio se pague y cuente frente al escribano, que si las partes declaran que el pago fue efectuado con anterioridad. En el primer supuesto el pago es un hecho auténtico porque el escribano lo presenció y conoció, pero el segundo el único hecho auténtico es que las partes efectuaron esa declaración relacionada al pago, pero el escribano no tiene forma de conocer a ciencia cierta si este pago efectivamente fue realizado.



La realidad es que sobre la fe pública podría escribirse mucho más, pero creo que excede del motivo del presente artículo y por lo tanto quedará para posteriores trabajos.


Abog. Agustín Ardizzone