• Abg. Agustín Ardizzone

Contratos, emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio

Introducción


La aparición de la enfermedad COVID-19 en la localidad china de Wuhan, y su posterior propagación internacional, ha puesto a la humanidad frente a un desafío de una magnitud que pocas veces enfrentó a lo largo de su intrincada y complicada historia. Aparecida en los últimos días del año 2019, la enfermedad, de la cual a la fecha no se conoce tratamiento efectivo, desarrolló una propagación exponencial, primero en China en la región aledaña a la del brote original, para rápidamente expandirse al resto del mundo; tanto es así que el 11 de marzo de 2020 fue declarada como “pandemia” por la Organización Mundial de la Salud, el organismo interno de la Organización de las Naciones Unidas que es la autoridad mundial en la temática sanitaria.


Ante este desafío mayúsculo, los estados del mundo enfrentan una titánica tarea: la de cuidar a sus habitantes de un enemigo invisible contra el cual no se conocen armas idóneas ni efectivas. El cómo es una incógnita, y depende de cada país en particular delinear su estrategia y plan de acción ajustándose a sus capacidades materiales y a las necesidades específicas de su población.


En esta tesitura, el Gobierno de la República Argentina ha dictado múltiples normas de emergencia que han afectado en gran medida la vida cotidiana de los habitantes de la nación. La medida de mayor relevancia, pero no por eso la única de importancia, fue la imposición a la ciudadanía del aislamiento social, preventivo y obligatorio con el fin de evitar la propagación del virus por nuestras tierras; medida que ha tenido una violenta incidencia en la actividad económica nacional por la imposibilidad de la población de ejecutar el sinfín de actividades de índole laboral, comercial, empresarial, productiva, etc. que cotidianamente realizan.


Dentro de la gran cantidad de efectos negativos que genera este aislamiento, el cual entiendo justificado, quiero hacer hincapié en aquellos que se producen en los contratos pendientes de ejecución porque es una temática de gran importancia que va íntimamente ligada con los niveles de actividad económica del país. Ante las circunstancias actuales que dificultan masivamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se requiere un exhaustivo estudio para encontrar soluciones dotadas de justicia y equidad; y para que en cada caso particular, las partes interesadas puedan resolver sus diferencias sin que haya avasallamiento de derechos.



Legislación de emergencia


Previo a desarrollar los efectos de la normativa de emergencia sobre los contratos en ejecución, considero pertinente hacer un breve repaso de las normas que tienen la mayor incidencia en esta temática:


I. Ley de Emergencia Sanitaria:


Si bien no todos lo tendrán presente, la emergencia sanitaria en Argentina no nació con la enfermedad COVID-19 sino que fue declarada varios meses antes por el Congreso de la Nación mediante el dictado de la ley 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, publicada en el Boletín Oficial con fecha 23 de diciembre de 2019.


Dicha ley en su primer artículo procedió declarar la emergencia nacional en diversas facetas del estado, y en consecuencia promovió la delegación en el Poder Ejecutivo de numerosas atribuciones que en condiciones normales competen al Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2020. Dentro del universo de facultades delegadas se encuentran varias de las que dan sustento jurídico a la actuación actual del Poder Ejecutivo.


II. Decreto de necesidad y urgencia 260/2020:


Luego de la expansión mundial de la enfermedad, y la llegada de los primeros casos a la Argentina, el 3 de marzo de 2020 el Presidente de la Nación en acuerdo con los ministros dictó el decreto de necesidad y urgencia 260/2020, publicado en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 2020, con la finalidad de extender la emergencia sanitaria y conceder al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para actuar respecto de la situación epidemiológica, y así mitigar el impacto sanitario. Aquí se instrumenta el primer aislamiento obligatorio que solo se aplicaba a casos particulares.


III. Decretos de necesidad y urgencia 297/2020, 325/2020 y 355/2020:


Ante la urgencia y para atenuar propagación de la enfermedad en el territorio nacional, mediante el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 publicado en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo ordenó a la población el aislamiento social, general y obligatorio en virtud del cual toda persona debía: permanecer en su hogar, abstenerse de presentarse a su puesto de trabajo y abstenerse de circular. El decreto también previó la existencia actividades esenciales, cuya naturaleza no permite la interrupción, y por lo tanto que a las personas a su cargo no se les aplique la totalidad de las medidas de aislamiento.


Originalmente el aislamiento social y obligatorio fue decretado con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la facultad de Poder Ejecutivo de prorrogarlo de considerarlo necesario. Esto efectivamente sucedió en dos ocasiones, la primera mediante el dictado del decreto de necesidad y urgencia 325/2020 publicado el 31 de marzo de 2020 por el cual se procedió a extender el aislamiento obligatorio hasta el 12 de abril de 2020, y la segunda por el decreto de necesidad y urgencia 355/2020 publicado el 11 de abril de 2020 que volvió a prorrogarlo hasta el 26 de abril de 2020 inclusive.


IV. Otras medidas de interés:

Además de los decretos citados arriba, el Poder Ejecutivo y los demás organismos que hacen a la administración pública fueron dictando normas para regular aspectos específicos de la emergencia nacional, el aislamiento y el funcionamiento de determinadas instituciones. Entre estas medidas podemos encontrar: las resoluciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros que son las que específicamente determinan que actividades deben interpretarse como esenciales y por tanto no deben interrumpirse; el decreto de necesidad y urgencia 320/2020 que establece directivas para ciertos contratos de locación en ejecución; diversas comunicaciones del BCRA que refieren a la actividad bancaria durante el periodo de aislamiento; y resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior con respecto a la actividad de aquellos comercios que provean artículos esenciales.



Efectos de la emergencia en el tráfico negocial


A medida que el virus se fue propagando por el mundo, fue haciendo estragos en los distintos países que lo recibieron. En cierta manera, la Argentina puede sentirse privilegiada porque al no haberle llegado el virus con la rapidez con la que alcanzó a otros países, conoció con antelación la magnitud y peligrosidad de la enfermedad, pudiendo así tomar medidas preventivas con relativa anticipación para mitigar sus efectos.


El impacto de la enfermedad en los contratos tuvo su mayor incidencia con el dictado de los decretos de necesidad y urgencia que impusieron el aislamiento, en menor medida el primero específico para aquellos casos sospechosos de enfermedad y principalmente el posterior aislamiento obligatorio y general para toda la población. Básicamente porque son muy pocos aquellos contratos donde las prestaciones pendientes pueden ser cumplidas desde el aislamiento y sin posibilidad de circular.


Todas aquellas empresas que por resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros no se encuentren incorporadas dentro de los servicios considerados esenciales están “paradas”. En igual condición se encuentran varios de sus proveedores y clientes; y consecuentemente los contratos celebrados entre ellos estarán virtualmente frenados por la imposibilidad de su cumplimiento. Lo mismo aplica para los profesionales cuya actividad no es considerada esencial, porque en estas condiciones no pueden prestar servicios.


El aislamiento ha frenado la actividad económica como nunca antes se ha visto, calles desiertas, comercios cerrados, ciudades vacías, rupturas de las cadenas de pago, etc. Solo continúan operando las actividades consideradas esenciales, pero de manera reducida porque solo eso permite una economía estancada. Todo esto genera infinidad de conflictos en los contratos que se encuentran en proceso de cumplimiento.


Somos un país de más de cuarenta millones de habitantes, somos muchos, las relaciones negociales interrumpidas son millares, las soluciones posibles son aún más, pero de estas, solo unas pocas pueden considerarse justas y equitativas. Propongo este ejemplo para graficar la cantidad de interrogantes que el aislamiento obligatorio puede generar:


En la actualidad las escuelas no pueden recibir alumnos por encontrarse prohibido por la normativa de emergencia. Ante esta situación en donde los niños no atienden a las clases las cuotas escolares se siguen devengando con normalidad y es posible que algunos padres crean injusto pagarlas por cuanto sus hijos no están recibiendo la contraprestación del pago de la citada cuota, es decir que no les están dando clases. Ahora bien, las escuelas, sin perjuicio de no dictar clases, siguen generando gastos que deben afrontar: los sueldos de los docentes y administrativos, servicios, impuestos, tasas, etc. ¿Acaso es justo no pagar una cuota por un servicio que no se presta o existen circunstancia excepcionales que ameriten que se pague igual? ¿Qué pasa con aquellos padres que con motivo del aislamiento han perdido sus ingresos y no pueden pagar la cuota del colegio que no está dictando clase? ¿Es justo que el colegio les cobre intereses punitorios? Estas son algunas de las interrogantes que esta situación de excepción plantea, pero como ya dije, la cantidad es inmensa.


Con este artículo no pretendo dar una respuesta a casos concretos porque como dije, la casuística es inmensa. Por ello, me voy a limitar a desarrollar las herramientas que brinda el ordenamiento jurídico para casos como el que en la actualidad se presentan, mediante el estudio de las instituciones jurídicas de la “parte general” de contratos que versan sobre el incumplimiento de prestaciones por motivos ajenos a las partes. Considero que a través de ellas se encuentra la solución para recomponer las relaciones contractuales vulneradas sin perder el sentido de justicia y equidad.


Hago una breve aclaración preliminar: en la actualidad el Poder Ejecutivo ha dictado normativa de emergencia específica para aquellos contratos en ejecución que considera de mayor importancia social, expresamente estableciendo soluciones a varios de los conflictos que el aislamiento social generó en esas relaciones contractuales. En lo previsto por estas regulaciones no se aplicarán los institutos de la “parte general” de contratos que abajo referiré por existir una norma específica que naturalmente prima sobre la norma general, no obstante, para aquellas vicisitudes no tratadas por la normativa de emergencia, sí corresponderá remitirse a la parte general de contratos. Finalmente, en el presente artículo me abstendré de desarrollar estas normas especiales porque exceden el objeto del mismo y ameritan un tratamiento especial.



Institutos de la parte general de contratos


El Código Civil y Comercial de la Nación al tratar los contratos los divide en distintas clases en función de la materia que se esté estudiando (bilaterales/unilaterales, oneroso/gratuito, conmutativo/aleatorio, etc.). La clasificación que toma importancia en esta situación es aquella que divide a los contratos en contratos paritarios, de adhesión o de consumo y que paso a desarrollar brevemente:


  • Contrato paritario: Dícese así de aquel contrato celebrado entre las partes cuando la totalidad de las condiciones de celebración han sido consensuadas entre ellas y el poder de negociación de cada uno es similar al del otro y por ende ninguno ha podido imponer su voluntad negocial sobre el otro.

  • Contrato de adhesión: El nombre completo es contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas. Dícese así de aquel contrato celebrado entre las partes en el cual una de ellas establece las condiciones del contrato y la otra se limita a aceptar o rechazar en los términos que le son propuestos. Aquí se ve claramente que hay una parte con un poder negocial muy superior al del otro y por ende existe mayor riesgo de que el primero imponga su voluntad negocial al otro.

  • Contrato de consumo: Dícese así aquel contrato celebrado entre un consumidor o un usuario final con un proveedor y cuya causa fin para el consumidor o usuario sea la adquisición de bienes o servicios para aprovechamiento privado, familiar o social.

Entiendo que las categorías contrato paritario y de adhesión son excluyentes entre sí, pero no es así con la categoría de contrato de consumo por que tanto los contratos paritarios y los contratos por adhesión pueden tener características que también los haga integrar la categoría de contratos consumeriles.


Es importante efectuar esta clasificación porque en función de ella es que una de las partes del contrato puede tener una tutela jurídica mayor y por ende la aplicación de los institutos generales del derecho que abajo desarrollaré tendrá un tratamiento diferenciado.


En el contrato paritario no existe una tutela jurídica especial para ninguna de las partes porque la ley presume que ambas se encuentran en igual de condiciones y por lo tanto la modificación de las obligaciones contraídas, incluso por alguno de los institutos a los que referiré, debe interpretarse con carácter restrictivo.


Esto no se replica en los contratos de adhesión porque la ley presupone que la parte predisponente se encuentra en una situación de poder y pudo haber impuesto a la otra condiciones contractuales abusivas. En este sentido, la ley prevé que determinadas cláusulas contractuales que surjan del contrato carecen de valor, por ejemplo renuncias anticipadas de la parte débil; y de esta manera, en circunstancias extraordinarias será más fácil modificar las condiciones de contratación en favor de esta última.


Finalmente en los contratos de consumo la protección que se le brinda al consumidor o usuario es integral y completa. Como en los contratos de adhesión, se interpreta carentes de valor a determinadas cláusulas en las cuales los consumidores renuncian a derechos, y a la vez se le garantizan otros derechos que pueden no surgir del contrato. Este es el contrato que más beneficios otorgará a la parte débil para defender sus derechos en la presente situación de emergencia porque tendrá todas las defensas generales del derecho civil y/o comercial junto a las específicas del derecho consumeril.


De esta manera, el primer paso obligatorio para el estudio de un contrato en ejecución en el cual el cumplimiento de las prestaciones pendientes se encuentre afectado por el aislamiento obligatorio o cualquiera de sus efectos secundarios, es ubicarlo dentro de la categoría que le corresponda para luego estudiar la aplicación de las normas generales de los incumplimientos contractuales al caso particular.



Incumplimientos contractuales


En las relaciones contractuales existen infinidad de circunstancias que pueden devenir en el incumplimiento por alguno de los contratantes de sus obligaciones asumidas, esto es algo relativamente habitual y el ordenamiento jurídico históricamente lo tuvo previsto. Tanto así que el Código Civil y Comercial de la Nación, como también lo hacía el Código Civil en su momento, al tratar la “parte general” de los contratos establece diversos remedios jurídicos para determinar las opciones de las partes en estos supuestos, y así proteger sus derechos.

Ahora bien, el sistema de responsabilidad contractual se estructura sobre dos tipos de incumplimientos, principalmente en aquellos provocados por asuntos inherentemente privados de las partes o vicisitudes naturales y corrientes de las relaciones contractuales; y secundariamente en aquellos incumplimientos motivados en circunstancias excepcionales en las cuales las partes no han tenido injerencia alguna. Desde luego, la ley prevé soluciones diferenciadas para cada uno de estos tipos de incumplimientos y así trata de garantizar soluciones justas para cada caso.


No viene al caso extenderme respecto del primer tipo de incumplimiento porque no hace a la razón del presente texto. Pero puedo resumirlo en que en esos casos la solución consiste, con matices, en facultar al perjudicado a exigir la prestación debida junto a un resarcimiento accesorio o en su defecto unicamente un resarcimiento pero de carácter integral. Cuando hay prestaciones recíprocas pendientes también se faculta a una parte a suspender el cumplimiento de las suyas en tanto el otro no cumpla con la contraprestación.


Ahora sí, adentrándome en el análisis del incumplimiento motivado en circunstancias excepcionales existen tres institutos jurídicos que entran en juego y son:


  • Caso fortuito o fuerza mayor.

  • Teoría de la imprevisión.

  • Frustración de la finalidad del contrato.



Caso fortuito o fuerza mayor


Este instituto, que también puede ser llamado “fuerza mayor”, está regulado por los artículos 1.730, 955 y 956 del Código Civil y Comercial de la Nación. El primero de los artículos citados lo define como: “el hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado […] Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos”.


Naturalmente, para determinar la aplicabilidad del instituto del caso fortuito es imprescindible el estudio del contrato subyacente, para de esta manera determinar las características de la imposibilidad de cumplimiento producida. Este instituto tiene aplicación unicamente respecto de contratos onerosos de ejecución diferida o permanente porque en los contratos inmediatos es imposible que esto se pueda configurar. Tampoco aplica para las obligaciones de entrega de cosas fungibles, como el pago de un precio en dinero, porque a ellas se les aplica la teoría de la imprevisión.


Para entender las características que debe reunir esta imposibilidad es menester traer a colación los artículos 955 y 956 del Código Civil y Comercial de la Nación que arriba cité y aquí transcribo:

“ARTICULO 955.- Definición. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad...”
“ARTICULO 956.- Imposibilidad temporaria. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible”

Como vemos del articulado, para darse un supuesto de caso fortuito, se tienen que dar determinados requisitos que refieren al hecho material al que se le atribuye tal carácter, simultáneamente con otros que refieren a la consecuencia de ese hecho material, que es la imposibilidad de cumplimiento contractual


Requisitos del hecho


  • Imprevisto: El hecho o circunstancia de fuerza mayor no debe haber sido previsto por las partes al momento de la celebración del contrato. Este requisito es relativo porque puede haber sido previsto, pero de ser inevitable también podría configurarse un caso de fuerza mayor.

  • Inevitable: Que las partes no tengan el poder ni los medios para evitar la ocurrencia del hecho de fuerza mayor.

  • De magnitud: No surge de la definición de la ley, pero es una consecuencia lógica, el hecho debe tener entidad suficiente para generar la imposibilidad de cumplimiento.

  • Ajeno al deudor: Que no haya un nexo causal entre el deudor de la obligación y la ocurrencia del hecho de fuerza mayor o su consecuencia, es decir que debe ser totalmente independiente de la voluntad del primero.

  • Sobreviniente: Que el hecho o circunstancia se produzca con posterioridad a la génesis de contrato, no debe ser anterior ni simultáneo a la celebración del mismo. El código cita esta característica dentro de las características del incumplimiento, pero yo creo que la correcta ubicación es como característica del hecho material porque este es el principal, siendo la imposibilidad de cumplimiento una consecuencia derivada de él.

Requisitos de la imposibilidad de cumplimiento


  • Objetiva: Refiere a que la imposibilidad de cumplimiento debe fundarse en la prestación en sí misma y no en la condiciones subjetivas del deudor.

  • Absoluta: Que no exista forma humana de superar la imposibilidad acaecida. Sería relativa cuando el deudor no pueda superarla pero otro sujeto en su lugar sí podría.

  • Definitiva o temporaria: Refiere al carácter temporal de la imposibilidad y son excluyentes entre sí. La imposibilidad definitiva implica que el contrato no podrá se cumplido, mientras que en la temporaria el contrato no puede ser cumplido en un momento dado, pero puede serlo en el futuro.

Efectos del caso fortuito


Los efectos surgen del texto de los artículos 955 y 956 del Código Civil y Comercial de la Nación, arriba transcriptos, pero se pueden resumir en que:


I. En el caso de imposibilidad de cumplimiento definitiva, la obligación queda extinguida sin la obligación del deudor de responsabilizarse por dicho incumplimiento, es decir que queda liberado. En el marco de una relación bilateral, la misma se extingue y consecuentemente las partes, en principio, se deberán reintegrar lo que hubiesen recibido mutuamente con motivo de la relación extinguida, con la salvedad de las obligaciones ya cumplidas y firmes, que producen efectos en los términos del artículo 1.081 del Código Civil y Comercial de la Nación.


II. En el caso de imposibilidad de carácter temporaria, primeramente corresponde analizar en el caso concreto la naturaleza del contrato, para así saber si el mismo disponía de un plazo esencial o si la prestación cumplida en distinto momento no sirve al genuino interés del acreedor. Si esos supuestos se dan, se tratará como una imposibilidad definitiva. Caso contrario se la tratará como temporaria y tendrá los siguientes efectos: el contrato sigue vigente, el deudor no es responsable de daños moratorios y una vez cesado el estado de imposibilidad está obligado a cumplir con su prestación en los términos originales.

Teoría de la imprevisión


Es el remedio jurídico que la ley brinda para las circunstancias en que la prestación debida por una parte adquiere, por circunstancias ajenas a la relación contractual, una onerosidad tal que lesiona desmedidamente el patrimonio del deudor. Es importante entender que aquí no se configura un supuesto de imposibilidad de cumplimiento; por el contrario, la obligación puede ser cumplida, lo que sucede es que en el vínculo desparece el equilibrio originario entre las prestaciones, dado que el cumplimiento de una obligación se torna excesivamente oneroso en relación a su contraprestación.


Este instituto, al igual que el caso fortuito, se aplica solamente a contratos onerosos de ejecución diferida o permanente por la propia naturaleza de estos al extenderse en el tiempo.


La teoría de la imprevisión está regulada por el artículo 1.091 del Código Civil y Comercial de la Nación que reza:

“ARTICULO 1091.- Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.”

Para analizar los requisitos de la teoría de la imprevisión voy a utilizar el mismo marco conceptual que usé con el caso fortuito, dividiendo los requisitos del hecho imprevisto y los requisitos de las consecuencias originadas por ese hecho:


Requisitos del hecho


  • Imprevisible: Al igual que con el caso fortuito, el hecho imprevisto en la teoría de la imprevisión no debe ser previsible por las partes al momento de celebrar el contrato. La ley no prevé expresamente, como sí lo hace en el caso del caso fortuito, que a los hechos previsibles pero inevitables se les pueda aplicar esta teoría; yo personalmente creo que sí por ser figuras análogas.

  • Extraordinario: El hecho que genera la extrema onerosidad del contrato debe ser un hecho fuera de lo común. Esto va ligado con la imprevisibilidad.

  • Ajeno al deudor: Que no haya un nexo causal entre el deudor de la obligación y la ocurrencia del hecho imprevisto o su consecuencia, es decir totalmente independiente de la voluntad del primero.

  • Inevitable: Que el deudor no tenga el poder ni los medios para evitar la ocurrencia del hecho imprevisto Esto no lo dice expresamente la ley, pero es una conclusión lógica de la característica de que el hecho imprevisto debe ser ajeno al deudor.

  • Sobreviniente: Que el hecho imprevisto se produzca con posterioridad a la génesis de contrato, no debe ser anterior ni simultáneo a la celebración del mismo.

Requisito de las consecuencias del hecho imprevisto


  • Excesiva onerosidad: El hecho imprevisto debe transformar al cumplimiento de la prestación debida en una obligación sumamente onerosa, y por ende gravosa, para el patrimonio del deudor. Además debe existir una desproporción manifiesta entre entre la onerosidad de la prestación con la de su respectiva contraprestación.

Efectos de la teoría de la imprevisión


Mediante la lectura del artículo 1.091 del Código Civil y Comercial de la Nación podemos ver que las facultades que concede la teoría de la imprevisión son para ambas partes, quienes la pueden ejercer por acción o como excepción de la siguiente manera:


  • Facultades del perjudicado por el hecho imprevisto: Puede solicitar extrajudicialmente, y en defecto de acuerdo con su contraparte, por vía judicial: a) el reajuste o readecuación de las obligaciones pendientes de manera que no sean tan lesivas a su patrimonio; b) la resolución total o parcial del vínculo contractual que lo une con su contraparte con las consecuencias del artículo 1.081 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estas facultades pueden ejercerse como acción, o como excepción ante la demanda de cumplimiento efectuada por la otra parte del contrato.

  • Facultades del beneficiario por el hecho imprevisto: Podrá solicitar judicialmente por vía de excepción el reajuste o readecuación del contrato ante la demanda del perjudicado exigiendo la resolución total o parcial del mismo.



Frustración de la finalidad del contrato


Este es un instituto que: hace especial hincapié en el elemento causa-fin del contrato, entendiendo que este “...es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad...” (art. 281 CCCN); y se funda en el artículo 1.013 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que la causa debe existir al momento de la formación del contrato, durante su celebración y subsistir durante su ejecución.


Se diferencia radicalmente de los anteriores porque en ellos existe un hecho material que produce efectos en las prestaciones pendientes; en cambio, en la frustración de la finalidad del contrato, el hecho material en nada afecta a las prestaciones, cuyo cumplimiento es igual de posible para los obligados que en el momento de la celebración del contrato.


Su definición surge del artículo 1.090 del Código Civil y Comercial de la Nación que dice:

“ARTICULO 1090.- Frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial”

Es primordial la determinación de la causa-fin del contrato, porque a partir de ella radicará la frustración del contrato o no. En los contratos donde las partes citen la causa-fin en el texto del mismo esto se facilita porque la misma es expresa y reconocida por ambas partes; ahora bien, en los contratos donde no se cite ni se mencione esta causa-fin, deberá ser probada por otros medios. De no poder ser posible su acreditación, no podrá utilizarse esta herramienta.


Para el estudio de los requisitos del hecho material y sus consecuencias vuelvo al marco conceptual que vengo utilizando. Al hecho material lo denominaré “hecho alterador”.


Requisitos del hecho alterador


  • Imprevisible: Al igual que con los anteriores, el hecho alterador no debe se previsible por las partes al momento de celebrar el contrato.

  • Ajeno al deudor: Que no haya un nexo causal entre el deudor de la obligación y la ocurrencia del hecho alterador o su consecuencia.

  • Inevitable: Que el deudor no tenga el poder ni los medios para evitar la ocurrencia del hecho alterador Es una conclusión lógica de que el hecho alterador debe ser ajeno al deudor.

  • Sobreviniente: Que el hecho alterador se produzca con posterioridad a la génesis de contrato, no debe ser anterior ni simultáneo a la celebración del mismo.

Características de la consecuencia


  • Frustración de la causa-fin del contrato: El hecho alterador debe desnaturalizar el fin que alguna de las partes del contrato tuvo a la vista al momento de la celebración y por lo tanto desnudar al contrato de utilidad.

  • Frustración definitiva o temporaria: Refiere al carácter temporal de la frustración y ambos son excluyentes entre sí. La frustración definitiva implica que el el contrato ha perdido su finalidad de forma permanente, mientras que en la temporaria esta se pierde para un periodo determinado pero eventualmente se recupera.

Efectos


La aplicación del instituto de la frustración de la finalidad del contrato le brinda al perjudicado la facultad de requerir a su contraparte la resolución del contrato si se da alguno de los dos siguientes supuestos: que la frustración sea definitiva; o que sea temporaria pero referida a una obligación de plazo esencial, y que por lo tanto la utilidad se haya perdido igualmente.


Al resolver el contrato, el mismo queda extinto y las partes deben restituirse lo entregado, sin responsabilidad recíproca. Se prevé la excepción citada en el artículo 1.081 del Código Civil y Comercial de la Nación para a aquellas prestaciones ya cumplidas que se encuentren firmes, cuando sus contraprestación resulten equivalentes y ambas sean obligaciones divisibles.


Especial mención a la mora


Todo lo arriba desarrollado refiere a supuestos de contratos que se encuentran en su estado normal o regular, dicho esto en el sentido de que en ninguno de ellos sus intervinientes se encuentran en mora con sus obligaciones. Sin embargo, la situación de mora puede modificar radicalmente la aplicación de estos remedios jurídicos.


Como se desprende del requisito de “ajenidad a las partes” que mencioné para los tres institutos, la ausencia de mora es un factor determinante para su aplicabilidad. Quizás el moroso no tenga injerencia en la génesis del hecho externo y sobreviniente, pero claramente es su culpa que este hecho afecté su obligación vencida, ya que no la cumplió cuando era debida y todavía era: materialmente posible, balanceada en relación a su contraprestación, o cuando aún existía la causa-fin del contrato.


El estado de mora funciona como una circunstancia decisiva al permitir que el hecho externo produzca sus efectos negativos sobre el vínculo contractual. De esta manera, al perjudicado por un hecho externo extraordinario que se materializa cuando se encuentra en mora, se lo interpreta como parcialmente culpable de la circunstancia en la que se encuentra y por ende los tres institutos estudiados no son aplicables a su situación.

Conclusión


Como vemos, ley establece los mecanismos idóneos para proteger a los intereses contractuales de de los particulares en circunstancias de emergencia como las que actualmente vivimos. No obstante esto no es tan sencillo, dado que las circunstancias en que se fundan el caso fortuito, la teoría de la imprevisión y la frustración de la finalidad del contrato, están sujetas a apreciación; y por consiguiente un particular no puede tener la certeza de que a su caso le sea aplicable alguno de ellos.


No existe prueba tasada con relación a qué hechos adquieren la entidad suficiente para sustentar la aplicación de estos institutos, y esto es lógico porque el codificador no podía prever la infinidad de escenarios distintos que la vida le depara al hombre. Por eso su regulación se efectúa en forma genérica y recién ante el caso concreto, primero las partes y ante su falta de acuerdo el juez, tendrán que valorar las circunstancias fácticas para así determinar la aplicabilidad de estos institutos o no.


De esta manera, sostengo que no puede presuponerse desde un plano unicamente teórico la aplicación de las herramientas jurídicas citadas, incluso en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, porque estos institutos están íntimamente ligados al contrato sobre el cual producirán sus efectos. Únicamente a través del estudio integral de este contrato junto al hecho material que lo afecta, que en este caso es la aparición de la enfermedad COVID-19 y el sinfín de sus derivaciones, es que puede saberse si aquellos podrán aplicarse o no.


Un último comentario


Como arriba he dicho, estos tres institutos pueden ser solicitados por el perjudicado a su contraparte y el conflicto resuelto por acuerdo voluntario de manera extrajudicial. En un contexto de aislamiento obligatorio me resulta un poco improbable que las partes de un contrato puedan reunirse para re adecuar los contratos a las nuevas circunstancias.


En defecto de un acuerdo de voluntades, el encargado de resolver el conflicto es un juez y aquí el panorama se obscurece más. En el contexto de la pandemia, por lo menos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el sistema de justicia está virtualmente parado con motivo del aislamiento obligatorio: por un lado, la actuación profesional de los abogados no se encuentra dentro de la categoría de actividades esenciales determinadas por la Jefatura del Gabinete de Ministros; y por el otro, el servicio de administración de justicia, es decir los juzgados, no operan con normalidad, sino que a través de guardias mínimas abocadas únicamente a la prosecución de causas urgentes e impostergables, no considerándose incluidas dentro estas causas a aquellas de contenido esencialmente patrimonial como las que nos ocupan.


De esta manera, puedo concluir que las herramientas legales para brindar soluciones a los particulares están, la ley las ha previsto, pero lamentablemente las circunstancias fácticas no permiten su aplicación plena. La incertidumbre contractual eventualmente será resuelta, pero habrá que esperar.


Abg. Agustín Ardizzone



Pdf descargable: Contratos, emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio.pdf


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